Domingo
26 de
Marzo de
1978
Domingo
26 de
Marzo de
1978
El oficialismo buscará dictamen para dos iniciativas estratégicas: una regula la gestión de intereses ante funcionarios y legisladores, y la otra crea incentivos para inversiones tecnológicas de gran escala.
El Gobierno busca recuperar la iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados con el avance de dos proyectos que considera estratégicos: la ley de lobby y el denominado super-RIGI.
La agenda legislativa comenzó con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se trata el proyecto de Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses.
Más tarde, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia debatirán el super-RIGI, una iniciativa orientada a promover grandes inversiones en sectores tecnológicos, industriales y de innovación.
El proyecto sobre gestión de intereses busca regular las actividades de lobby ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de transparentar los contactos destinados a influir en decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso.
La iniciativa propone crear un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse quienes realicen tareas de lobby. También exige declaraciones juradas para identificar los intereses representados, los clientes y los beneficiarios de cada gestión.
Además, los registros deberán detallar la fecha, hora y modalidad de cada contacto, la dependencia en la que se realizó la reunión y un resumen de los temas abordados.
El texto contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones. Las multas podrían llegar hasta los 500 salarios mínimos y, en los casos más graves, derivar en la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby.
También prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años para casos de representación clandestina de intereses extranjeros.
El segundo proyecto busca ampliar los incentivos para grandes inversiones que no fueron contempladas en el RIGI original, aprobado dentro de la Ley Bases.
El super-RIGI apunta a sectores como la industrialización de minerales críticos, la producción de baterías, energías renovables, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.
Para acceder al régimen, las inversiones deberán alcanzar un mínimo de US$1.000 millones, una cifra muy superior a los US$200 millones exigidos por el RIGI vigente.
A cambio, las empresas obtendrían estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años. Además, el régimen tendría una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por un año adicional.
Entre los beneficios previstos figuran una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, alícuota única del 10% para contribuciones patronales, exención de derechos de importación y eliminación de derechos de exportación.
En materia cambiaria, el proyecto establece una disponibilidad progresiva de divisas. Desde el tercer año, los inversores podrían disponer del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
La intención del oficialismo es emitir dictamen la próxima semana y dejar ambos proyectos listos para una eventual sesión prevista para el 24 de junio.
